La justicia protegió el derecho a la restitución y la formalización de las tierras de 29 familias de la vereda Tierra Grata, ubicada en el municipio de El Carmen de Bolívar, a través de una sentencia que ordena alinear la oferta estatal en torno a la reparación integral de las víctimas, la reactivación de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad.
El fallo emitido por el Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena decretó la formalización de 210 hectáreas en beneficio de 29 familias que, debido a actos violentos cometidos por grupos armados ilegales, debieron abandonar sus tierras en repetidas ocasiones, afectando su economía y estabilidad familiar. La sentencia también reconoce a un segundo ocupante y otorga a su familia medidas para el acceso a tierras, proyectos productivos y vivienda.
“Estas son familias campesinas que venían explotando los predios en calidad de poseedores por dos generaciones, en medio de la violencia que sacudió la zona rural de El Carmen de Bolívar, no tuvieron otra opción que irse para la cabecera municipal y sobrevivir a las aflicciones por no poder ejercer las actividades rurales de antes. Estas afectaciones deben ser reparadas y la justicia ahora pone en manos de las entidades que conformamos el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) el restablecimiento de los derechos de la comunidad”, afirmó la directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar, Mileth Agámez López.
La providencia ordena a la Unidad de Restitución de Tierras, a los entes territoriales y demás entidades competentes activar la oferta institucional y aunar esfuerzos para la materialización de la restitución y otras medidas complementarias que aseguren el uso y goce efectivo de las tierras. Además, requiere a las dependencias del orden local, departamental y nacional, la inclusión con prioridad y enfoque diferencial de los titulares del derecho de restitución y sus respectivos grupos familiares, en los programas y estrategias diseñados para la atención, prevención y protección de la población en situación de desplazamiento.
“A la Unidad de Restitución de Tierras le corresponde, una vez los jueces hagan entrega material de los predios, incluir a las familias restituidas en el Programa de Proyectos Productivos, mediante el cual la entidad asigna recursos para la adecuación de tierra y asistencia técnica agrícola con el fin de que las familias desarrollen planes productivos y emprendimientos que mejoren sus ingresos”, anotó la Directora Territorial.
Además, el municipio deberá reconocer a favor de los solicitantes, los alivios de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones. La Fuerza Pública, por su parte, brindará acompañamiento y garantías de seguridad a las víctimas para un retorno efectivo y definitivo a sus tierras.
