Gobierno reconoce 21 muertes en protestas: Comité Nacional de Paro dice que son más de 80

La CIDH concluyó su visita a Colombia en medio de clamores de justicia.

El Gobierno colombiano, a través de la Vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez aceptó ante la CIDH la muerte de 21 personas en 44 días de protestas en el país.

Al reiterar el compromiso del Gobierno de seguir «haciendo todas las investigaciones necesarias» sobre la «muerte de esas 21 personas que -dijo la vicepresidenta- tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas».

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, quien entregó hoy un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas, «pidió a la CIDH apoyo para lograr con celeridad la investigación, judicialización y reparación a las que haya lugar dentro de estas denuncias de civiles y de miembros de la fuerza pública afectados».

Entre sus solicitudes la mandataria local también reiteró la necesidad de definir una reforma integral a la Policía, así como un pacto social y económico a largo plazo que sea construido con todos los actores de la sociedad.

El pasado martes, la CIDH recibió un informe en el que tres organizaciones documentaron que durante las protestas al menos 20 personas murieron por disparos directos de arma de fuego por parte de la Policía, a pesar de que desde enero de este año la fuerza pública tiene prohibido su uso durante manifestaciones, mientras que Human Rights Watch ha podido verificar 16 muertes de armas de fuego de la Policía.

En contraste, el Ministerio de Defensa, responsable de la Policía, también entregó un documento que recoge la violación de al menos 14 derechos fundamentales en medio de las movilizaciones, la muerte de 19 civiles y dos agentes, así como la cifra de 1.106 personas heridas y 1.253 uniformados lesionados.

Ese informe señala sobre las acusaciones a la Fuerza Pública que la Procuraduría General (Ministerio Público) ha asumido desde el 28 de abril 178 investigaciones disciplinarias contra integrantes de la fuerza pública, y en ese sentido el Ministerio de Defensa se comprometió a reforzar en sus instituciones la formación y capacitación sobre derechos humanos.

EFE

 

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