Formulan cargos a directivos de la C. de Comercio de Montería Entre 2015 y 2020 suscribieron contratos por 19 mil 300 millones de pesos, la mayoría de ellos con las mismas empresas.

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la apertura de una investigación y formuló cargos contra del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Felix Manzur Jattin, y contra los miembros de la junta directiva, Jorge Doria Corrales, quien la preside, Álvaro Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapias y Mario Fidel Díaz Ibañez.

En la resolución número 58087, firmada por el superintendente Andrés Barreto González,, se establece que el director de la Cámara de Comercio suscribió entr los años 2015 y 2020 contratos por valor cercano a los 19 mil 300 millones de pesos y de esa suma el 64,8 %, es decir 12 mil 443 millones fueron con las empresas Alliance Effort S.A.S, Innovemp Korperschaft, Prosjekt y Rechts 6 Steuern, las cuales no reunían las condiciones de idoneidad suficientes y que, además, tienen relaciones entre sí y podrían estar vinculadas con directivos de la entidad.

“Esa contratación habría tenido lugar sin la planeación suficiente y mediante procesos de selección que no se diseñaron para beneficiar a la Cámara de Comercio de Montería, sino para favorecer a las empresas contratistas. En adición, el presidente ejecutivo habría reiterado la vinculación de las empresas en cuestión a pesar de constantes irregularidades en la ejecución y sin tener en cuenta que los resultados de los contratos que ejecutaban no lo aconsejaban”, señala el documento de la Super.

Advierte además que en un análisis del objeto social de los contratistas frecuentes, se estableció que esas personas jurídicas habrían sido constituidas con el único propósito de contratar con la entidad, para aprovechar el trato preferencial que les otorgarían por cuenta de la gestión de su presidente ejecutivo y asegura que hay una exagerada desproporción entre el patrimonio de los contratistas frente al valor de los contratos que les fueron adjudicados.

Otro de los hallazgos que investiga la Super es la posible relación que existe entre las empresas contratistas y uno de los miembros de la junta, concretamente con Álvaro Sepúlveda Salgado, quien constituyó la empresa Gestión y Asesorías G. AS. E.U, que posteriormente pasaría a ser Alliance. Además, la persona que sería su exesposa fue propietaria y representante legal de esta sociedad y de Innovemp, mientras que quien sería su primo, Carlos Arturo Córdoba Salgado, también ha sido representante legal y único accionista de Alliance y de Innovemp. También ha sido asesor de Rechts, que es una sociedad cuyo accionista único es Alliance.

En el informe se establece que durante más de cinco años los miembros de la junta directiva elegidos por los comerciantes, habrían incumplido su deber de controlar y evaluar la gestión contractual de la entidad. “En primer lugar, no adoptaron medida alguna para analizar la gestión contractual del presidente ejecutivo y para adecuarla a la normativa aplicable a pesar de que, con fundamento en lo que se ha expuesto en este acto administrativo, era evidente que de manera sistemática direccionó casi el 65% de la contratación de la entidad hacia un conjunto de empresas que estarían vinculadas con sus directivos, que carecerían de condiciones de idoneidad y que habrían recibido un trato considerablemente favorable en perjuicio de los intereses de la Cámara de Comercio de Montería”.

Como se recordará, las primeras denuncias de presuntas irregularidades fueron hechas por los representantes del gobierno nacional ante la junta directiva, Jairo Díaz Sierra y Adriana Cotes, hecho que también motivó una investigación formal por parte de la Procuraduría General de la Nación.

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