89% de los contratos en Bolívar durante la pandemia se entregaron a dedo Así lo expuso la Corporación Transparencia por Colombia en un informe sobre el manejo de la contratación pública en el marco de la emergencia sanitaria.

La pandemia por el coronavirus cambió los planes de los mandatarios del país. Los dineros que estaban presupuestados para algunos proyectos han tenido que usarse para comprar ayudas humanitarias, elementos de bioseguridad, y para atender las diferentes eventualidades que plantea la emergencia sanitaria.

En aras de hacer un seguimiento a esto, la Corporación Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19 presentaron el tercer reporte de hallazgos sobre el manejo de la contratación pública en el marco de la emergencia sanitaria, en el que se analizaron los contratos firmados entre el 16 de marzo y el 17 de julio con base en la información colgada por las entidades en el Secop y la Tienda Virtual.

Además de Bolívar también se revisaron los procesos contractuales de Antioquia, Atlántico, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, pues estos departamentos concentran el 72% de los recursos contratados durante la emergencia por la COVID-19 en todo el país.

Durante el periodo mencionado los mandatarios de los departamentos firmaron 549 contratos relacionados con la crisis del COVID-19 por $88.874.529.022. De ese total, se encontró que 489 fueron asignados de manera directa, es decir, el 89,6% y 324 de esos fueron procesos realizados bajo la causal de urgencia manifiesta.

“La contratación por Urgencia Manifiesta ha sido reiterativa en estos territorios, llegando más del 80% del monto de la contratación directa en departamentos como Caldas (89%), Atlántico (84%), Bolívar (83%), y Córdoba (80%)”.

Según expone el estudio, desde el 20 de marzo el Gobierno Nacional motivó a las entidades públicas a contratar bajo la modalidad de urgencia manifiesta, al tratarse de una emergencia, pero a la fecha, no debería seguir contratándose bajo esta justificación pues los procesos no son eficientes.

“En este momento es importante replantearse la aplicabilidad de la urgencia manifiesta a ciertos casos de contratación, puesto que ya se tiene un mejor conocimiento de las necesidades a contratar y se pueden adelantar procesos que observando los principios de pluralidad de oferentes, economía y calidad de los productos y bienes, usando además de la contratación directa, otras modalidades de contratación”, expone el documento.

Los que más contrataron en Bolívar

De acuerdo con el informe, el pico más alto en la contratación pública para atender la emergencia COVID se presentó en las primeras cuatro semanas de la emergencia, periodo en que se concentra el 43% del monto total de los contratos celebrados en el periodo de tiempo planteado.

La mayor parte de los contratos se han dado con el objeto de adquirir alimentos, mercados y/o ayudas humanitarias para atender a la población que se ha visto afectada por la pérdida de sus ingresos durante la pandemia. En segundo lugar están los contratos para adquirir equipos médicos y materiales biosanitarios.

En Bolívar, la Alcaldía de Cartagena ha firmado 60 contratos por un valor de $34.963.496.550; seguida de la Gobernación de Bolívar con 58 contratos por $28.991.967.527; la Alcaldía de Turbaco con 16 contratos por $1.553.449.818; la Alcaldía de Santa Rosa del Sur con 9 contratos por $1.526.176.982; y Aguas de Bolívar hizo un contrato por $1.424.830.056.

Lo que llama la atención

Además de la alta contratación bajo la modalidad de urgencia manifiesta, que si bien no está mal, impide procesos más equitativos, el estudio también presenta algunas irregularidades encontradas en algunos contratos.

La primera tiene que ver con el contrato ALC-LCVT-COVID-001-2020 celebrado por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística con la Cooperativa Multialtiva de la Renovación para prestación de servicios de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria, cuyo valor inicial era de $1.997.456.000 y terminó con un valor final de $2.995.918.945.

“Dentro de la documentación subida a Secop, no hay constancia de la experiencia del contratista para el suministro de este tipo de servicios ni cotizaciones con otros proveedores que justificaran la elección de su oferta. Llama la atención que de acuerdo al análisis hecho por Funcicar, este mismo contratista ha celebrado contratos con las Alcaldías Locales de Cartagena para actividades disímiles, lo que indica que su objeto social es demasiado amplio o ‘detodito’”.

Esta cooperativa fue contratada en 2016 para ejecutar proyectos productivos para mujeres cabeza de hogar; ese mismo año tuvo otro contrato para sensibilizar a la comunidad sobre cuidado y preservación del medio ambiente y en 2018 fue contratado para logística de la marcha de la diversidad sexual en Cartagena.

Además, el informe señala que el contrato tuvo dos modificatorios y una adición durante la ejecución, lo que no da claridad de los kits que efectivamente se entregaron a la ciudadanía.

Otro caso que llamó la atención fue el contrato que Aguas de Bolívar S.A ESP celebró con la empresa Proyexa S.A.S. por valor de $1.424.830.056.

De acuerdo a los estudios previos, el proceso tiene como finalidad suministrar insumos químicos para asegurar la prestación del servicio de agua en los municipios de Bolívar, lo cual hacía de este proceso un contrato para suministros. Pese a esto, se observó que el contratista aportó experiencia en la ejecución de obras públicas que diferían del objeto contractual (…) El proceso fue modificado y se incluyó dentro del objeto la palabra “instalación”, lo cual según la tipología definida en la ley 80 corresponde a una obra pública. Pese a ese cambio el contrato en su mayoría corresponde a suministro de insumos”, se lee en el documento.

Dentro de ese modificatorio también hubo cambios en las cantidades de insumos a adquirir, se añadieron nuevas actividades y se suprimieron otras. En total se suprimieron 10 insumos y se incluyeron 29 nuevas actividades/suministros.

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