142 billones de pesos para prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas

Con el documento Conpes se enfocarán los recursos para la reparación integral de 9 millones de víctimas del conflicto armado

Tras un riguroso proceso de articulación de políticas y acciones de asistencia económica, humanitaria y social, el Gobierno nacional priorizó la atención a más de 9 millones de víctimas del conflicto en el país. Así se plantea en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que contiene la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Se estima que los diferentes sectores del Estado inviertan, en un esfuerzo conjunto, cerca de $142 billones para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto durante los próximos 10 años.

Esa inversión esta focaliza en:

Más de 2,1 millones de víctimas del conflicto armado accederán a la indemnización administrativa.

Se reunificarán las familias del 100% menores que por causa del desplazamiento forzado fueron separados de su núcleo familiar.

Se garantiza acceso a la libreta militar de los hombres víctimas mayores de 18 años que la soliciten.

Se prevé que cerca de 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado superarán la situación de vulnerabilidad.

Aproximadamente 700.000 familias al año recibirán incentivos en salud y educación mediante transferencias monetarias condicionadas.

Cerca de 96.000 víctimas podrán acceder a subsidios para adquirir vivienda nueva urbana y más de 68.000 familias se beneficiarán con subsidios para el mejoramiento de sus viviendas.

Se tendrá más de un millón de víctimas registradas en el sistema de información del Servicio Público de Empleo para permitir su acceso laboral.

Más de 20.000 víctimas mayores de edad serán atendidas en programas de alfabetización (educación formal básica y media).

Más de 80.000 víctimas se beneficiarán con financiación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior.

Se apoyarán emprendimientos e iniciativas de negocio de más de 250.000 víctimas, se fortalecerán negocios de más de 600.000 víctimas y se beneficiará a más de 20.000 víctimas con programas de generación de ingresos y autoempleo.

Anualmente, se brindarán servicios de formación profesional integral a 470.000 víctimas y de orientación ocupacional a más 230.000 víctimas.

Más de 12.000 víctimas con emprendimientos recibirán orientaciones para fortalecerlos mediante asistencia técnica, capitalización o gestión comercial.

Se logrará que más de 6.000 jóvenes entre los 16 y los 21 años que cuenten con encargo fiduciario sean capacitados en habilidades blandas (liderazgo, relacionamiento), transversales y en orientación vocacional.

Aproximadamente 30.000 personas por año recibirán orientación y asesoría para la inversión adecuada de los recursos que reciben las víctimas, a título de indemnización administrativa, con el fin aportar en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Con estas y otras acciones se trabajaron con 32 entidades y se concertaron 286 acciones al año 2031.

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