12 capturados por aprovechamiento ilícito de recursos naturales

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El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, del Departamento de Policía de Bolívar, ha venido intensificando sus actividades en pro de la fauna y flora en esta zona del país. También puede leer: Campaña en Bolívar para prevenir tragedias en las carreteras

Las acciones desplegadas se han enfocado en la generación de consciencia ciudadana en torno al cuidado, protección y preservación de los recursos naturales.

Pero también los esfuerzos institucionales se han volcado en combatir el tráfico y comercialización ilegal de especies, al igual que sancionar a quienes se lucran de estas actividades.

Como resultado de estas acciones, se destaca que para el primer semestre del año fueron capturadas 12 personas por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en conformidad con el artículo 328 del Código Penal.

Durante el periodo en mención, se logró el rescate de 130 animales silvestres entre los que se destacan barbillas, boas, canarios, hicoteas, guacamayas, loros, mapaches, monos titi, osos hormigueros, entre otros.

En coordinación con la autoridad ambiental, se realizaron los procedimientos correspondientes para devolver estas especies a su hábitat natural.

“Desde el Departamento de Policía Bolívar, a través del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, se vienen realizando controles contra esta problemática de tráfico de flora y fauna silvestre en coordinación con las autoridades ambientales. Así mismo, se vienen realizando campañas de prevención por emisoras radiales, con el fin de concientizar a la comunidad sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales”, expresó el coronel Tahir Rivera Suescún, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los municipios donde se han atendido la mayoría de los casos de tráfico y comercialización ilegal de fauna y flora han sido Calamar, Mompox, Carmen de Bolívar, Magangué y Marialabaja.

Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y pueden enfrentar desde 4 hasta 8 años de prisión, y multas económicas de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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